Algunas administraciones están llevando a cabo procesos de recuperación de servicios que vuelven al sector público, generando un grave conflicto laboral a sus trabajadores
Especial Garantías Laborales. Las Provincias, 22 octubre 2017
El debate entre la gestión pública y la privada de los servicios que los ayuntamientos ofrecen a sus ciudadanos se centra no sólo en la batalla ideológica de las distintas opciones políticas, sino en que también existe un amplio componente técnico y jurídico. Lo que actualmente se ha dado en llamar ‘remunicipalización’ de empresas ha generado un debate en cuanto a la reversión de las compañías encargadas de gestionar ciertos servicios, especialmente los que están relacionados con el agua (abastecimiento en general, alcantarillado y saneamiento) pero sobre todo el que afecta al abastecimiento de agua a la población. Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización es que los trabajadores pasen a la administración pública, en primer lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes procedimientos de ingreso, de forma definitiva si obtienen la plaza que sale a concurso. O en caso contrario que se proceda a la extinción de su puesto de trabajo. Además de todo esto, en caso de aprobarse a partir de ahora en los supuestos en los que «en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», el personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. Sin embargo, la remunicipalización es un nuevo ejemplo que escenifica el dicho de que nunca llueve a gusto de todos, ni hay soluciones que satisfagan a la totalidad de los ciudadanos. Los problemas que concita son muchos y complejos y para debatir sobre esta «áspera y compleja» cuestión, se convocó una Mesas de Expertos organizada por LAS PROVINCIAS en la que cuatro especialistas en diversas ramas del Derecho y del sindicalismo plantearon sus personales puntos de vista sobre la cuestión. Encabezados por el abogado Miguel Sandalinas, que actuó como moderador, estuvieron presentes en la mesa:
– José María Goerlich Peset, licenciado en Derecho por la Universitat de València, becario del Real Colegio de España en Bolonia, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y desde 1996 catedrático de esta especialidad en la Universitat de València. Ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y vicerrector de Profesorado. Ha sido también magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1989-1990) y letrado adscrito al Tribunal Constitucional (1990-1992). Forma parte del Consejo Asesor de las revistas Actualidad Laboral y Justicia Laboral y del Consejo Científico de las colecciones Laboral y Enfoque Laboral de la editorial Tirant lo Blanch.
– Ramiro Aurín Lopera, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Catalunya en 1979 Consultor internacional en Ingeniería, Gestión y Gobernanza del agua. Ha trabajado en Haití, Bolivia, México, Colombia, España. Relaciones con Organismos Multilaterales (ONU, UNESCO, WaterCouncil. Pionero en la ingeniería ambiental en España funda y dirige durante 20 años el Taller de Ingeniería Ambiental y colaboró como profesor de la Escuela de Caminos de la UPC también durante 20 años..
– Gustavo Vargas Sánchez, afiliado a UGT desde el año 1998 y secretario general de la Federación de Industria de Cádiz desde el año 2005 al 2011. Responsable sector aguas estatal FICA-UGT.
-Manuel Olaya Portolés, abogado en ejercicio en el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Curso superior de Derecho Laboral y Seguridad Social Derecho de Empresa; especialidad Laboral. Responsable del área laboral de Gabinete Begur.Vicepresidente de la Sección de Derecho Laboral del ICAV. Desde la incorporación al organigrama de Gabinete Begur y en concreto al departamento laboral, la especialidad desarrollada es derecho concursal laboral, con la adopción de numerosas medidas colectivas. El debate se inició con la idea lanzada por Manuel Olaya de que estos procesos de reversión se deben llevar a cabo «cuando tienen un sentido lógico de beneficiar al ciudadano y no cuando simplemente son un brindis al sol». En este punto Gustavo Vargas subrayó que él iba a trasladar a este respecto la opinión del sindicato UGT, al que representa «ya que la posición de los trabajadores es la de conseguir una estabilidad en el empleo ».
El catedrático de la UV, José María Goerlich, señaló que desde el punto de vista jurídico lo que habría que transmitir en el debate «es la complejidad de este proceso que yo llamo de desprivatización». «No es posible establecer una regla unitaria para todos los casos de reversión y la cuestión principal es determinar qué ocurre con las condiciones laborales de los trabajadores », apuntó. «Hay tres problemas básicos. La normativa sobre transmisión de empresas funciona sea pública o sea privada, pero hay una línea que diferencia la reversión de servicios y la transmisión de empresas, puesto que si hay transmisión existen garantías laborales. El segundo problema es de conflictos entre las administraciones públicas y los entes autónomos. Uno no puede acceder a la administración pública sin un concurso de méritos y se entra en conflicto porque el derecho del trabajo impide que eso ocurra en base a que el derecho administrativo prevalece. Los juristas pensamos que hay que mantener los contratos de trabajo pero no con la fijeza del sector público. La tercera parte del conflicto viene dada por al regulación de la Ley de Presupuestos de 2017 que no es nada clara y tiende a dificultar los procesos de reversión sin que sepamos muy bien por qué. Es una norma muy disfuncional que pretende impedir estas reversiones, pero es algo que no se va a conseguir y está generando mucha confusión», concluyó Goerlich.
Gustavo Vargas señaló que lo que hay es una problemática real para los trabajadores «que no nos planteamos el modelo de gestión en el que queremos trabajar, sino en aseguranos el puesto de trabajo. Al final somos los más perjudicados». «Si tenemos una concesión de 25 años se puede exigir unos condicionantes laborales, pero con esta modificación de la Ley se genera una eventualidad. Estas reversiones están generando miedo y preocupación porque la Ley de Presupuestos es confusa e impide establecer una negociación colectiva», aseguró Vargas. «Lo que importa es que la empresa cumpla sus objetivos y vele por los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos, que son los que al final pagan las consecuencias. En el sector del agua, que es el que yo conozco, estamos en un marco en el que cada municipio tiene una condiciones totalmente diferentes. Si bien se está hablando más que se está haciendo, puesto que no hay tantos servicios que estén regresando al sector público, pero esas reversiones no son favorables a los trabajadores », aseguró.
Ramiro Aurín argumentó que esos procesos «están pensados para que haya reversión en el caso de disfunciones en la gestión, ya sea por corrupción o por otras causa». «Las normas jurídicas son más interpretables que las norma de la físicas, pues no en vano la justicia es un invento humano y por eso lo que es legítimo, admitido por la ley, estará permitido aunque quede al margen del interés general. Dicho de otra forma, lo legítimo no siempre es lo que está a favor del interés común. Y la norma de la Ley de Presupuestos quiere evitar la reversión», afirmó. Manuel Olaya puntualiza que no puede valorar esta Ley de Presupuestos porque carece de datos objetivos. «La Ley debe obedecer a criterios de sostenibilidad y eficacia, por lo que habría que analizar caso por caso. No toda reversión comporta una transmisión empresarial. En muchos casos estas transmisiones se hacen por acuerdos sociales y los criterios para valorar las municipalizaciones afectan
tanto a empresas privadas como públicas. No podemos obviar que una reversión choca con el artículo de la Constitución porque no se sabe qué va a ocurrir con las plazas y los puestos de trabajo.
Ramiro planteó que el único criterio para llevar a delante una remunicipalización debería ser del interés general. «En realidad no hay tantos casos, yo me he estudiado en profundidad dos casos concretos que son el de Valladolid y el de Tarrasa, donde se utiliza de forma torticera los criterios de eficacia y sostenibilidad». «En el caso de Tarrasa se dice que se va a reducir la inversión lo cual implica un empeoramiento del servicio. El documento de Valladolid era más fino en este sentido y como se trata de una actuación legítima se ha llevado adelante. En mi opinión si se quitaran privilegios a los funcionarios todo sería más sencillo para los profesionales de estos servicios», matizó.
Gustavo Vargas señaló que las condiciones de la empresa pública «suelen ser mejores que las de la empresa privada, pero no debemos olvidar que muchas públicas tiene una gran subcontratación, que en algunos casos llega al 70% y se generan trabajadores de primera, de segunda e incluso de tercera categoría». «Se producen de esta forma situaciones muy complejas que no están registradas en los pliegos de condiciones. La realidad es que no se respetan los derechos de esos trabajadores, al menos en el sector del agua que es el que yo conozco. El debate no es si es mejor la empresa pública o la privada, lo que tiene que hacer la administración es ejercer sus funciones y explicar qué es lo que se debe hacer sin saltarse los derechos de los trabajadores», dijo.
Vargas añadió que «la eficacia en el servicio del agua es clave para crear riqueza, independientemente de si el suministro está en manos públicas o privadas, sin olvidar un marco legal que proteja la situación de los trabajadores del sector».
El profesor Goerlich intervino para puntualizar que él ignora como está funcionando esto pero se preguntó «si existe un ‘derecho natural’ de los servicios que deben estar en manos privadas y en manos públicas». «Los servicios pueden admitir muchas formas de gestión. La sanidad pública española no tiene nada que ver con la francesa o la alemana. Cada una tiene su forma de funcionar y lo mismo ocurre con la seguridad social, que en Holanda por ejemplo se gestiona de una forma diferente.Estas decisiones se toman en momentos muy determinados en función de contextos también determinados. No debemos pensar que hay necesidad de explicar con profusión la razón por la que se produce esa reversión. Yo no soy partidario de la remunicipalización de servicios ni de la desaparición de los mismos pero a veces hay unos condicionantes fuertes».
Ramiro Aurín cree que esta tendencia «está fuera de nuestro estado moderno». «Lo que se tiene que priorizar es que favorezca al mayor número de ciudadanos. El cambio se debe hacer de forma fluida y no atendiendo a umbrales catastróficos porque los absurdos alcanzan extremos grandes. La Unión Europea promueve la colaboración publico-privada pero la Constitución española no favorece esa conjunción de intereses y en ocasiones se choca con la normativa comunitaria. Insisto en que si bajamos el nivel de privilegios de los funcionarios, el punto de encuentro sería más fácil. La administración no tiene en cuenta la resonancia de los ciclos económicos y algunos servicios como la sanidad cuanto más éxito tienen, más cuestan ». «Necesitamos saber cómo funcionan esos ciclos económico y tenemos que hacer un sistema financiero que resista las idas y venida. Tenemos que reformar la administración pública para hacerla más razonable y hace falta un sistema jurídico que sea más fluido», subrayó Ramiro Aurín.
Goerlich apuntó que una «reversión que implica una transmisión de empresa obliga a mantener los empleos en las mismas condiciones de trabajo, aunque es verdad que se entra en otro campo de gestión en el que hay muchos desajustes con los grupos profesionales ».
«Pero hay una segunda reversión que no implica la gestión directa, hay modelos que permiten mayores posibilidades creando una sociedad de titularidad pública, algo que los políticos no contemplan ni tienen en cuenta».
Gustavo Vargas afirmó que al final de estos procesos «la administración tiene que sacar las plazas de un modo u otro. En el caso de Valladolid se ha garantizado el trabajo a toda la plantilla durante tres años, pero luego saldrán las plazas a concurso y muchos empleados perderán su puesto de trabajo. Porque en la empresas públicas nos encontramos con interinos que ya de entrada tienen más puntos para optar a esa plaza, una situación que es injusta ». «Todo ello genera una sensación de inestabilidad tremenda y también cuando se amortizan plazas y todo el que se jubila no se repone con lo cual el servicio empeora y se pierden puestos de trabajo. Mientras que se llega a un acuerdo en todo este proceso se vive con una gran inestabilidad».
Olaya afirmó que existen actualmente dos corrientes, la del indefinido no fijo y la de la homogeneización que supone igualar las condiciones. Mientras que Ramiro insiste en la democratización el accesos a los servicios y considera que se tiene que cambiar la idea de lo que es un funcionario.
Goerlich intervino para rechazar la figura del indefinido no fijo «que es un absurdo» porque es como un interino impropio, donde lo único que tenía que hacer la administración era sacar la plaza o amortizarla, con lo cual se perpetuaba la situación de interinidad. Eso ha cambiado con el fallo de los interinos de la Universidad Politécnica de Madrid, que han denunciado los despidos colectivos y han hecho prevalecer sus derechos ante los tribunales. El Tribunal Supremo se ha ocupado del tema porque no se puede sacar una plaza después de que otra persona haya estado 30 años ocupando esa misma plaza».
Olaya incidió en que «en muchas sentencia están reconociendo los derechos que se tenía adquiridos en empresa anteriores, pero la tendencia es mantener el convenio colectivo en base al ámbito funcional. Respecto al mantenimiento de los salarios también se respetan los derechos ».
Para Goerlich existe un «agujero negro cuando las administraciones no actúan como deberían actuar. La transmisión de empresa es algo muy concreto pero luego existe un hueco muy grande en el que caben las empresas miultiservicios que trabajan como subcontratistas». Respecto al contrato indefinido el profesor de la UV señaló que «indefinido significa que si te despiden te tiene que pagar y no otra cosa», concluyó el catedrádico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.